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El Banco Ciudad y el IVC impulsan nuevos emprendimientos de vivienda social
El Banco Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) firmaron un convenio para desarrollar nuevos proyectos habitacionales en el marco del “Programa Fideicomiso para la Construcción de Viviendas Sociales”. El acuerdo busca facilitar el acceso a la vivienda para trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, a través de políticas públicas coordinadas y herramientas financieras específicas.
El convenio contempla una articulación entre el sector público, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones sociales, con el objetivo de acompañar todo el proceso: desde la construcción de nuevas unidades hasta que las familias accedan a la titularidad de su primera vivienda. Para ello, se prevé la creación de líneas de crédito intermedias que permitan financiar los desarrollos y, posteriormente, convertirlos en créditos hipotecarios.
La firma del acuerdo se realizó en la casa matriz del Banco Ciudad, y estuvo encabezada por su presidente, Guillermo A. Laje, y el titular del IVC, Leonardo L. Coppola. También participaron autoridades del banco y del gobierno porteño, como el vicepresidente del Banco Ciudad, Guillermo Romero; el subsecretario de Integración y Desarrollo Sostenible del Sur, Marcelo Roberto Di Mario; el director Diego Ariel Weck; y la gerenta general del IVC, Pía Guardamagna.
“Nuestro objetivo es brindar instrumentos financieros que acompañen el desarrollo social y productivo en la Ciudad. Con esta iniciativa, ofrecemos nuevas alternativas para que los trabajadores accedan a la vivienda familiar”, expresó Laje.
Por su parte, Coppola destacó: “Seguimos impulsando políticas de acceso a la vivienda con una mirada moderna y transformadora del rol del Estado. Este convenio refleja una gestión estratégica que articula al sector público, el sistema financiero, el sector privado y a los trabajadores organizados para generar soluciones concretas”. Y agregó: “Apostamos a un Estado en reforma permanente: más ágil, menos burocrático y mejor preparado para responder a las demandas de una ciudad en constante evolución”.
La CAC llamó a respetar los fallos judiciales y condenó los hechos de violencia
Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) exhortó a canalizar cualquier disconformidad por medios pacíficos y dentro del marco institucional.
“La disconformidad debe expresarse sin alterar la vida democrática ni perturbar el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía”, señaló la entidad a través de un comunicado. También recordó que el sistema judicial prevé instancias de apelación y que, una vez agotadas, corresponde acatar el veredicto.
La CAC advirtió que, en un contexto en el que el país busca recuperar la confianza de inversores locales e internacionales, sería “desafortunado” que un rechazo al fallo derive en situaciones de desorden público. En ese sentido, apeló a la “madurez de la población y de la dirigencia” para preservar la institucionalidad.
Además, la entidad repudió el ataque contra las instalaciones de Artear ocurrido el día anterior, que generó importantes daños materiales y puso en riesgo la seguridad de su personal.
“El desconocimiento de los fallos judiciales es impropio del sistema republicano, la violencia es inaceptable en una sociedad democrática, y la corrupción es incompatible con la ética”, concluyó la CAC, al tiempo que llamó a una reflexión colectiva sobre estos principios fundamentales para el desarrollo de una Argentina libre, justa y próspera.
Caca de perro en la Ciudad: un problema sin solución y sin sanciones
En la Ciudad de Buenos Aires, los excrementos caninos en veredas y plazas son parte del paisaje urbano. El problema, que persiste pese a campañas de concientización, pone en evidencia la falta de control y sanciones.
En 2014, el Gobierno porteño instaló 200 dispensadores de bolsas para levantar la caca en más de 50 espacios verdes. La iniciativa, que buscaba fomentar el cuidado del espacio público, fue discontinuada. En plazas como Monseñor de Andrea o Rodríguez Peña, hoy solo quedan los restos de aquellos dispositivos, y algunos vecinos dejan bolsas por cuenta propia.
Desde el Ministerio de Espacio Público reconocen que el plan no funcionó. Muchos dueños de mascotas abusaban del sistema, y el problema de los desechos nunca disminuyó. Según el Observatorio de Higiene Urbana, el 97% de las cuadras porteñas tienen presencia de excrementos. En octubre de 2022 se llegó al 100%.
Aunque algunos plantean aplicar multas o fotomultas, no hay proyectos concretos. En redes sociales, la vicejefa de Gobierno Clara Muzzio apuntó contra la «negligencia» de los dueños y apeló al civismo: “No es un accidente, es desprecio por los demás”, afirmó.
En otras ciudades como Madrid y Bilbao ya se aplican sanciones. Incluso se exige a los dueños limpiar la orina con agua. En Buenos Aires, por ahora, solo hay exhortaciones.
La suciedad, los malos olores y la falta de contenedores en la vía pública agravan la situación. Mientras tanto, las veredas siguen siendo un campo minado.
Más líneas de colectivos ya permiten pagar con tarjeta de crédito y débito
El recambio de validadoras en los colectivos porteños avanza y ya permite el pago con tarjetas de crédito y débito en 28 de las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad. También se sumaron líneas nacionales y provinciales, como la 9, 29, 96, 164 y 185, y otras del conurbano y el interior del país.
El sistema admite tarjetas Visa y Mastercard —físicas o desde el celular con tecnología NFC—, aunque por ahora no se aplican descuentos como la Tarifa Social o el Boleto Estudiantil, que siguen siendo exclusivos de la SUBE.
El boleto cuesta lo mismo que con SUBE: $426,21 en líneas porteñas, pero desde el jueves subirá a $450,63. En las nacionales, el valor actual es de $371,13.
La renovación alcanza a 31.000 validadoras en más de 60 ciudades y 7 líneas de trenes del AMBA. La implementación está a cargo del Gobierno nacional, a través de Nación Servicios, con apoyo del Banco Nación y el Banco Central.
Más control para administradores de consorcio en medio del aumento de quejas
Ante el fuerte aumento de las expensas —que en un año subieron 166%, muy por encima de la inflación— y las crecientes quejas de vecinos, la Ciudad de Buenos Aires implementó un examen obligatorio para quienes quieran ser administradores de consorcios. El nuevo requisito busca profesionalizar la actividad y garantizar mayor transparencia.
Hasta ahora bastaba con un curso de capacitación, pero sin instancia evaluativa. Con la nueva medida, ya se tomaron los primeros exámenes: aprobaron el 85% de los postulantes. La disposición solo rige para nuevos aspirantes, no para quienes ya ejercen.
La iniciativa fue apoyada por cámaras del sector, que participaron en la conformación de las mesas evaluadoras junto a Defensa del Consumidor y el Registro Público de Administradores.
Además, los administradores deberán entregar una copia del reglamento de copropiedad a los consorcistas e informar sobre el nuevo manual de buenas prácticas, disponible en la web oficial.
Según cifras oficiales, los reclamos contra administradores fueron el segundo motivo de denuncia en Defensa del Consumidor durante 2024, con el 17% del total, principalmente por falta de claridad en el manejo de fondos.
El aumento de las expensas se explica en gran parte por los incrementos salariales del personal de edificios, negociados en paritarias en las que no participan los consorcistas, principales afectados por los costos. Las asociaciones vecinales insisten, sin éxito, en ser incluidas en esas negociaciones.
Para denunciar irregularidades, los vecinos pueden comunicarse al 147 opción 6, en redes sociales (@BAconsumor), o asistir a los Puntos de Atención Ciudadana habilitados.